La
implementación del nuevo modelo acusatorio demanda la realización de inversión
pública que debe preverse de modo ordenado en el tiempo debido a la
insuficiencia de los recursos públicos existentes. Desde el punto de vista
técnico la gradualidad del proceso de implementación tiene como propósito
gestionar los cambios de manera.
Progresiva
con la finalidad de tener un control razonable sobre ellos y tener capacidad de
corregir los errores oportunamente de modo que sea posible acumular una
experiencia que pueda ser invertida y capitalizada en las regiones en las que
sucesivamente se ponga en marcha el nuevo modelo de justicia penal después del
2006.
El
Código Procesal Penal fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 957 el 29 de
julio del 2004. Y, en la misma fecha, se dictó el Decreto Legislativo Nº 958
que regula el proceso de implementación y Transitoriedad
del nuevo Código Procesal Penal.
Los
cambios deben expresarse también en el ámbito de las prácticas, usos,
costumbres, métodos y rutinas de trabajo de los operadores del sistema (jueces,
fiscales, policías y defensores) quienes están habituados a actuar en un
sistema que privilegia la escritura antes que la oralidad. En este orden de
ideas, dado que el nuevo modelo procesal redefine los roles de los distintos
sujetos procesales (fiscales, jueces y abogados), será necesario desarrollar
una intensa política de capacitación con metodologías participativas para
difundir las nuevas instituciones procesales y, sobre todo, para promover el
cambio de actitudes, el desarrollo de nuevas competencias profesionales así
como las habilidades y destrezas que el nuevo modelo de enjuiciamiento penal
demanda. El reto más desafiante y significativo de la reforma es la superación
de la cultura predominantemente inquisitiva y secreta para dar paso a una
cultura adversarial y de transparencia fundada en el principio de igualdad, en
la oralidad y en el debido proceso, esencialmente.
Tanto
los cambios organizacionales como los referidos al entrenamiento de los
operadores requieren de una planificación adecuada con la finalidad de lograr
que la reforma sea viable y sostenible en el tiempo. Adicionalmente, en un
Estado que no dispone de muchos recursos económicos para implementar en un solo
acto reformas institucionales, resulta aconsejable recurrir a un esquema de
implementación gradual que permita gestionar los cambios en el tiempo en
estrecha relación con los medios financieros disponibles.
2.-
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL.
En
primer lugar, debe señalarse que el CPP del 2004 se inspira en el mandato
constitucional de respeto y garantía a los derechos fundamentales de la
persona. Busca establecer un balance razonable entre estos derechos y las
atribuciones de persecución, coerción y sanción penal del Estado a través de
sus órganos competentes, a saber:
Ministerio
Público, Policía Nacional y Órganos Jurisdiccionales Penales. Ello se
fundamenta en el principio de limitación del poder que informa al Estado
Democrático de Derecho. En efecto, en una organización estatal así definida el
poder de sus autoridades está limitado, entre otros factores, por los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos que se incorporan al derecho interno.
En
este marco ideológico se inspira, precisamente, el Título Preliminar del código
que contiene el desarrollo de los principios constitucionales sobre la materia.
Así, las normas del Título Preliminar tienen prevalencia sobre el resto de
disposiciones del código y se erigen como una fuente y fundamento para su
interpretación (Artículo X del
Título Preliminar). Esta última consecuencia es muy importante de destacar
porque en el proceso de aplicación del código, los contenidos interpretativos
que desarrollen los operadores judiciales tendrán que ser compatibles con el
conjunto de valores, principios y normas de rango constitucional.
En
el Título Preliminar se desarrollan los principios constitucionales de
gratuidad de la administración de justicia penal; el de garantía del juicio
previo –cuya configuración en el código se caracteriza por la oralidad, la publicidad
y la contradicción-; el de la doble instancia; el de igualdad procesal; de la
presunción de inocencia; la interdicción de la persecución penal múltiple; de
la inviolabilidad de la defensa; de la legitimidad de la prueba y el de
legalidad de las medidas limitativas de derechos, entre los más importantes.
En
segundo lugar, el CPP establece para todos los delitos, sin excepción, un
proceso común y se elimina el inconstitucional procedimiento sumario –escrito,
reservado y sin juicio oral- por el que se tramitan la mayoría de los delitos
previstos en el Código
Penal.
En
tercer lugar, separa claramente las funciones de persecución (Ministerio
Público con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional) y decisión
(Poder Judicial) con el objeto de dar pleno cumplimiento al principio
acusatorio y a la garantía de imparcialidad del juzgador. Este es un cambio
fundamental dado que en el actual sistema el juez penal cumple función
persecutoria, pues la instrucción por él dirigida tiene por objeto reunir las
pruebas acerca del delito cometido y sobre la responsabilidad de sus agentes. Y
en el caso del procedimiento sumario el problema se agrava porque el mismo juez
que investiga es quien decide el caso.
En
este contexto, debe indicarse que según el nuevo código, los actos de
investigación que realiza el Ministerio Público –y en general la investigación
conducida por el fiscal- tienen una finalidad preparatoria del juicio. Adquiere
el carácter de prueba aquella evidencia que, luego de ser admitida en la fase
intermedia por el Juez de la Investigación Preparatoria, se actúa ante el Juez
Penal encargado del juicio.
Asimismo,
merece destacar que el nuevo código delimita claramente el campo de las
atribuciones policiales en lo que a investigación del delito se refiere y
define que la conducción jurídica de dicha investigación está a cargo del
Ministerio Público. La policía cumple una función técnica y científica de
investigación criminal. Sin embargo, no está autorizada a calificar
jurídicamente los hechos ni a establecer responsabilidades, tal como sucede
actualmente.
En
cuarto lugar, conforme al CPP del 2004, el juicio es la fase estelar del
proceso. En esta fase se actúan las pruebas ofrecidas y admitidas en la fase
intermedia. El juicio se basa en los principios de inmediación, concentración,
oralidad, publicidad y contradicción. El juicio es, en esencia, un debate entre
la tesis del fiscal y la tesis de la defensa. Es una lucha entre dos
adversarios. Esto supone un cambio radical frente al actual sistema en el que
el juicio oral es una mera repetición de lo actuado en la fase de instrucción y
donde el expediente escrito es la principal fuente para el conocimiento y
decisión del caso. En el actual juicio la oralidad es muy débil. En el nuevo
modelo, la oralidad está en el centro de todo el proceso y es el principal
instrumento para conocer los hechos constitutivos del delito y la
responsabilidad de sus autores.
En
cuanto al derecho de defensa, el código revaloriza y fortalece el papel del
defensor legal. El defensor legal será un actor clave que deberá estar al
servicio del imputado para brindarle defensa técnica. El defensor de oficio,
con el nuevo código, no podrá ser considerado como un funcionario de la
administración de justicia al servicio de los órganos jurisdiccionales. En este
sentido, y como parte del proceso de implementación, la defensa de oficio –como
servicio dependiente del Ministerio de Justicia- tendrá que ser fortalecida con
recursos humanos permanentemente capacitados, infraestructura, tecnología y un
presupuesto que le permita hacer frente, en igualdad de condiciones, al
Ministerio Público como titular de la acción penal.
En
quinto lugar, el CPP desarrolla un conjunto de facultades discrecionales a
cargo del Ministerio Público, como son, por ejemplo, la facultad de no
investigar a cargo del Ministerio Público frente a denuncias que de manera
evidente no ameritan el desarrollo de una investigación fiscal; o los
mecanismos de abstención para el ejercicio de la acción penal como son el
criterio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. Estas facultades, pese a
ser discrecionales, están reguladas en el Código y tienen la finalidad de
lograr que el sistema de control penal actúe de manera selectiva de modo que
concentre sus mayores esfuerzos en la persecución de los delitos más
calificados por su gravedad y relevancia social.
Así
mismo el Código regula procedimientos especiales que buscan acelerar el trámite
de las causas. Es el caso, por ejemplo, de la acusación directa, del proceso
inmediato, de la terminación anticipada y de la conformidad con los cargos
formulados por el Ministerio Público en la audiencia de apertura del juicio
oral. Con ello se busca también que el sistema esté en la capacidad de dar
pronta solución a los conflictos que surgen del delito así como racionalizar la
carga de trabajo de las unidades fiscales y jurisdiccionales, de modo que
ingrese a juicio aquello que sea estrictamente necesario en función de su
gravedad, importancia y relevancia social.
Lo
anterior nos lleva a sostener que, en efecto, el nuevo Código busca
racionalizar el funcionamiento del sistema en su conjunto a través de un
sistema de filtros y/o salidas alternativas al juicio con la finalidad de
evitar el ingreso indiscriminado de casos que llevarían al colapso y al mal
desempeño de los órganos de persecución y decisión del sistema. Esto no
significa, en modo alguno, promover la impunidad. Por el contrario, se busca
hacer más eficiente el servicio de fiscalías y órganos jurisdiccionales en la
medida en que estos filtros o salidas tienen el propósito final de ofrecer una
solución al conflicto que surge del delito sin que sea necesario su recorrido
por el proceso penal común en todas sus etapas.
Asimismo,
los filtros o salidas alternativas no sólo tienen una inspiración de naturaleza
económica, es decir, no sólo persiguen el ahorro de tiempo y de recursos
humanos, materiales y financieros en las instituciones del sistema penal, sino
que están inspiradas principalmente en la necesidad de fortalecer la posición
de las personas agraviadas por el delito a través de fórmulas de composición
del conflicto. Finalmente, una reflexión sobre el proceso de implementación. Se
trata de una etapa fundamental que requiere del esfuerzo de las instituciones
del sistema de justicia penal y también el compromiso de los demás poderes del
Estado. En efecto, la reforma de la justicia penal y, por consiguiente, la
implementación del nuevo modelo debe ser una política pública, la misma que
debe contar con los necesarios recursos humanos, técnicos y financieros, así
como con un decidido liderazgo para que sea exitosa y cumpla con el propósito
de convertir a la justicia penal en una justicia pronta, oportuna, de calidad y
al servicio de la ciudadanía.
La
ausencia de mecanismos de selección de casos es una de las características de
los modelos inquisitivos. En efecto, en el modelo inquisitivo el proceso penal
busca, esencialmente, imponer la sanción luego de descubrir la verdad sobre los
hechos y su autor. No es un fin del proceso inquisitivo resolver el conflicto
entre víctima y agresor. Por esta razón, se concibe el proceso como una serie
de pasos de inevitable realización en orden al descubrimiento de la verdad,
donde se enfatiza y sobrevalora la fase de instrucción. La falta de mecanismos
de selección es una de las principales causas de sobrecarga y dilación procesal
en los modelos de inspiración inquisitiva.
3.-
EL SISTEMA PROCESAL PENAL PROPUESTO EN EL NUEVO CÓDIGO.
3.1
El Sistema Inquisitivo.
El
sistema inquisitivo nació bajo la influencia de la Iglesia Católica e implica
que las funciones de acusación y enjuiciamiento se encuentran reunidas en una
sola persona, el juez frente al cual el individuo está en posición de
inferioridad. Las características de este sistema son las siguientes:
"La
iniciación del proceso no depende de un acusador. Rige el brocardo
"procedat iudex ex officio".
El
Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación.
La
investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las
realiza el juez-acusador.
No
existe correlación entre acusación y sentencia. El Juez puede en cualquier
momento alterar la acusación.
No
hay contradicción ni igualdad. No hay partes. Los poderes del juez son
absolutos frente a un acusado inerme ante él. Lo normal es la detención".
El
sistema respondió a la concepción absoluta del poder central y al valor que se
asignaba a la autoridad. En el sistema inquisitivo no se dio la importancia
debida al derecho de defensa. Es más, la presunción de inocencia se hallaba por
debajo de la presunción de culpabilidad, la misma que sólo se desvanecía si el
imputado lograba soportar las torturas que se aplicaban para que admitiera la
responsabilidad en el delito.
Por
lo señalado, algunos autores han considerado que los procesos sumarios en el
Perú y que constituyen casi el 90% de la carga procesal son procesos
predominantemente escritos, reservados en los que el juez por el mérito de las
diligencias sumariales, dicta la resolución que corresponda obviando la etapa
fundamental del proceso, esto es el juzgamiento. Es por ello, que este tipo de
procesos son considerados el claro ejemplo de los procesos tramitados bajo el
sistema inquisitivo.
En
este sentido, se pronuncia Cubas Villanueva cuando sostiene que en los procesos
sumarios no hay etapa de juzgamiento, lo que atenta contra las garantías
procesales de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, pues el juez
dicta sentencia en mérito de lo actuado, sin necesidad de realizar audiencia.
Ciertamente,
el tema de la oralidad es sumamente importante por la intermediación y
contradicción que debe existir en todo proceso penal, pues es el único momento
en el que el Juez puede tener contacto personal con el procesado.
El
NCPP implica terminar con los procesos sumarios, en los que el Juez no tiene
mayor contacto con el imputado vulnerándose las garantías procesales señaladas
líneas arriba. Se propone un solo sistema bajo el cual tendrán que tramitarse
todos los procesos incluso en el artículo 271 se regula la procedencia de la
audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva.
De
esta manera, el adecuado y oportuno empleo de la oralidad determina una directa
interrelación humana, que permite un mayor conocimiento recíproco y personal
entre quienes intervienen en el juicio oral. La oralidad en el caso de los
procesos que no llegarían a juicio oral bajo el nuevo sistema estaría dada en
las diferentes audiencias fijadas en el NCPP.
3.2
El Sistema Acusatorio
Este
sistema predominó en todo el mundo antiguo, se desarrolló en Grecia y la
república romana, y en la Edad Media hasta el siglo XIII. El principio sobre el
cual se sustentaba era el de la preeminencia del individuo y la pasividad del
Estado.
El
enjuiciamiento acusatorio se desarrolla asignando y delimitando claramente las
funciones de cada sujeto procesal. Así tenemos que el acusador, y sólo él,
podía perseguir el delito y ejercer el poder requiriente; el imputado disponía
de amplias posibilidades de rebatir la acusación a través del reconocimiento de
sus derechos de defensa; y, por último el tribunal, ejercía el poder decisorio.
El
acusado era considerado como un sujeto de derechos, y su posición respecto al
acusador era de igualdad, desprendiéndose de esta situación principios como el
indubio pro reo, y la presunción de inocencia. Asimismo, mientras que la
libertad era la regla, la detención era la excepción.
Siendo
este sistema más beneficioso para el imputado, toda vez que implica el respeto
al debido proceso, es el acogido por nuestra Constitución. Así, como señala San
Martín nuestra Carta Magna impone un sistema acusatorio o contradictorio, y la
ley debe tener en claro dos puntos esenciales:
"(1)
el Ministerio Público conduce la investigación del delito y es el director
jurídico funcional de la Policía y (2) el proceso judicial es indispensable
para imponer una pena a una persona, el mismo que debe ser público, y a partir
de él rigen imperativamente una serie de principios propios de la
judicialización del enjuiciamiento, a decir: inmediación, contradicción,
oralidad y concentración."
En
este sentido, al aplicar el nuevo código habrá que entender que la superación
del molde inquisitivo implica mucho más, significa por ejemplo enfrentar el
sobredimencionamiento del proceso escrito, garantizar la vigencia práctica y no
formalista de los principios de oralidad, concentración, inmediación entre
otros, haciendo que el peso del proceso se ponga en las partes, principalmente
el ministerio público y la defensa y donde la función del juez es arbitral y
equilibradora del rol asumido por los sujetos procesales.
3.3
El Sistema Mixto
El
carácter esencial de este sistema, surgido al calor de la revolución francesa,
es la ruptura de los sistemas anteriores, es decir, la persecución judicial de
los delitos no es un derecho de los particulares y el juez no puede ser al
mismo tiempo acusador.
Sus
características, señala Joan Verguer Grau, son:
"La
separación entre la función de acusar, la de instruir y la de juzgar, confiadas
a órganos distintos, esto es, al fiscal, al Juez de Instrucción y al tribunal
con jurado, respectivamente.
Excepto
para el Tribunal con jurado, rige el principio de la doble instancia. También
rige el principio del Tribunal colegiado.
La
justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando interviene el
jurado.
La
prueba se valora libremente. La acción penal es indisponible y rige el
principio de necesidad en todo el curso del procedimiento. La acción penal
también es irretractable.
El
imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el status de sujeto
de derechos. En ese sentido, el Estado asume la carga de la prueba."
Es
importante mencionar que, el sistema procesal penal peruano ha sido considerado
por un sector de la doctrina como sistema mixto toda vez que, coexisten en
nuestra legislación el modelo inquisitivo y el acusatorio. Sin embargo, como
señala Neyra Flores pese a todas las modificaciones el Código de Procedimientos
Penales contiene un modelo "inquisitivo reformado".
En
efecto, como menciona San Martín el Código de 1940 "privilegió la
instrucción y transformó el juicio oral en un mero juicio leído". Así,
hasta antes de la dación del Decreto Legislativo Nº 959 publicado el 17 de
agosto de 2004 que introdujo importantes modificaciones al Código de
Procedimientos Penales de 1940, impulsando la oralidad en las audiencias, se
puede sostener que el juicio oral era meramente simbólico.
3.4
Modelo propuesto en el Nuevo Código Procesal Penal.
Los
alcances y límites del derecho de penar del Estado, en un tiempo y lugar
determinado, responden, necesariamente, a la naturaleza y esencia del sistema
político imperante. Si el régimen es autoritario, su sistema penal también lo
será; por el contrario, si el sistema político es democrático sus instituciones
jurídicas también lo serán o tendrán como meta serlo. En síntesis, la decisión
política que defina el sistema, debe optar básicamente por dos alternativas:
primar el interés público y fortalecer el poder del Estado en la persecución
penal aún negando los derechos del individuo, o en otorgarle al individuo las
suficientes garantías para que enfrente a ese poder punitivo, preservando su
dignidad de persona en un plano en el que no se vea absolutamente desprotegido
frente a las instituciones públicas de la persecución penal.
Así
las cosas, el modelo procesal penal propuesto se caracteriza por afirmar los
principios básicos de un proceso penal respetuoso de los derechos humanos y
protector de la seguridad ciudadana. Se debe tener en cuenta que, en el proceso
penal se enfrentan los intereses colectivos con los individuales, siendo
dirimidos estos durante dicho proceso.
En
este sentido, el Estado debe proteger al individuo de una persecución injusta y
de una privación inadecuada de su libertad. Así, el imputado debe tener ocasión
suficiente para defenderse, la meta del derecho procesal penal no es el castigo
de una persona, idealmente del culpable, sino la decisión sobre una sospecha.
La
estructura del nuevo modelo de proceso penal apunta a constituir un tipo de
proceso único para todos los delitos perseguibles por ejercicio público de la
acción penal, que se inicie con la actividad preparatoria de investigación bajo
la dirección del fiscal, continúe con la acusación, la audiencia preliminar y
el juicio oral.
La
idea del proceso único no excluye los procesos consensuales y abreviados, como
la suspensión condicional del proceso, la terminación anticipada del mismo,
entre otros que podrán tener lugar durante toda la etapa preparatoria, e
inclusive antes de que se presente la acusación.
En
este orden de ideas, la estructura del nuevo proceso penal se edifica sobre la
base del modelo acusatorio, cuyas grandes líneas rectoras son la separación de
funciones de investigación y juzgamiento y la libertad del imputado es la regla
durante todo el proceso.
De
esta manera, la investigación penal estará a cargo del fiscal y la decisoria a
cargo del juez. Es por ello que, el artículo IV.3 del Título Preliminar del
NCPP señala que los actos que práctica el Ministerio Público o la Policía
Nacional no tienen carácter jurisdiccional.
El
carácter no jurisdiccional de la investigación preparatoria es relevante para
discernir qué es materia de valoración, pues los elementos de convicción que se
colecten en dicha fase no servirán para fundar una sentencia, dado que los
actos de prueba se producen en el juicio, salvo las excepciones señaladas en el
artículo 393.1.
Así,
se reestructura el proceso penal estableciendo un procedimiento común u
ordinario, que se desarrolla conforme a los principios de contradicción e
igualdad de armas, bajo la vigencia de las garantías de la oralidad,
inmediación y publicidad.
En
ese sentido, el nuevo sistema presenta como principales características las
siguientes:
La
separación de funciones de investigación y de juzgamiento.
El
desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e igualdad.
La
garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento.
La
libertad del imputado es la regla durante todo el proceso.
El
proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase Intermedia
y Juzgamiento.
Con
la adopción del sistema procesal acusatorio y la estructura del proceso penal
común, tanto el Ministerio Público cuanto los órganos jurisdiccionales deberán
asumir plenamente las competencias exclusivas y excluyentes que la Constitución
les asigna. El nuevo Código contiene una amplia regulación de las garantías
procesales. Se regula integral y sistemáticamente en un solo cuerpo normativo
la actividad procesal, el desarrollo de la actividad probatoria, las medidas de
coerción real y personal.
Es
del caso mencionar que, el nuevo Código regula también procedimientos
especiales como el aplicable al principio de oportunidad (artículo 2),
juzgamiento de acusado confeso (artículo 372.2), proceso inmediato (artículo
446), proceso de terminación anticipada (artículo 468) y proceso de
colaboración eficaz (artículo 472).
4.-
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL
4.1
Definición del Principio de Oportunidad
El
principio de oportunidad es una excepción al carácter obligatorio de la acción
penal, pues autoriza al Ministerio Público y al Juez Penal, a disponer de la
acción penal en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal.
En
este sentido, es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal
titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a
la actividad jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento
cuando concurran los requisitos exigidos por ley.
Representa
un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir una opción para la
obtención de una solución para el caso a través de procedimientos menos
complejos que el procedimiento común. Con la introducción de este principio se
deben evitar, por ejemplo numerosos procesos por delitos de bagatela, que
irremediablemente tienen que ser procesados distrayendo recursos y tiempo que
son necesarios para tramitar casos más importantes.
Así,
respecto al principio de oportunidad, en doctrina se distinguen dos sistemas de
regulación: el de oportunidad libre y el de oportunidad reglado:
Sistema
de oportunidad libre: Este sistema es seguido por los países de tradición
jurídica anglosajona, principalmente el modelo norteamericano. La
característica fundamental de este sistema consiste en que el Fiscal puede
ejercer la acción penal o determinar el contenido de la acusación con amplios
márgenes de discrecionalidad, lo que sí resulta contrario al principio de
legalidad, debido a que no se sujeta a ninguna regla persistente.
Sistema
de oportunidad reglado: El sistema de oportunidad reglado rige en países
europeos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España entre otros.
Este sistema es el que sigue el Nuevo Código Procesal Penal. La característica
fundamental de este sistema está en que la ley prevé los supuestos bajo los
cuales el Fiscal puede no ejercitar la acción penal, es decir que esta
oportunidad se convierte en plenamente legal pues es la propia ley la que la
autoriza y fija sus límites.
En
efecto, el principio de oportunidad reglado a decir de Roxin es aquel mediante
el cual se autoriza al Fiscal a optar, entre elevar la acción o abstenerse de
hacerlo archivando el proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo
conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha cometido
un delito.
4.2
El principio de oportunidad y sus efectos en el Nuevo Código Procesal Penal.
En
el marco de un nuevo sistema penal que propicie la sustanciación de procesos
conforme a los principios de celeridad y eficacia procesal, resulta
indispensable la regulación e impulso de instituciones procesales que coadyuven
a este fin.
Así,
la correcta aplicación del principio de oportunidad contribuirá sin duda al
descongestionamiento de la carga procesal existente en los despachos
judiciales, pues se faculta al Ministerio Público para abstenerse de ejercitar
la acción penal bajo dos criterios generales: Falta de Necesidad de Pena y
Falta de Merecimiento de Pena.
El
principio de oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 2 del
Código Procesal Penal,
según
el cual se permite su aplicación sólo con el consentimiento expreso del
imputado, el cual no implica necesariamente la aceptación de su culpabilidad.
El NCPP coincidentemente también regula dicho principio en su artículo 2, sin
embargo otorga mayores facultades al Ministerio Público para su aplicación.
En
efecto, el artículo 2 del NCPP permite que el Ministerio Público pueda ejercer
el principio de oportunidad de oficio o a pedido del imputado, cuando concurran
las circunstancias previstas para su aplicación.
Así,
se prevé como primera circunstancia: "Cuando el agente haya sido afectado
gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso (.)". Esta
precisión (que no existe en la regulación actual) permite aplicar el principio
en función a la afectación grave del agente por las consecuencias de su delito
sin importar la intencionalidad en su comisión. Otra diferencia con la
regulación actual del principio de oportunidad, radica en la segunda
circunstancia que faculta su aplicación: "Cuando se trate de delitos que
no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la
pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren
sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo". Así,
ya no se habla de delitos insignificantes como ocurre en la regulación actual
sino de aquellos que no afecten gravemente el interés público, con lo cual se
evita la aplicación del poder penal allí donde otros métodos pueden alcanzar
mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación, y la contribución
a la eficacia del derecho penal en aquellas zonas o para aquellos hechos en que
resulta indispensable su actuación como método de control social.
Por
su parte, en el artículo 2 literal b se establece que no será posible aplicar
el principio de oportunidad cuando el "extremo mínimo de la pena sea
superior a los dos años de pena privativa de la libertad". Sin embargo en
el literal c, se establece que: "No será posible cuando se trate de un
delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de
libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su
cargo".
De
la lectura se desprende que los delitos que pueden ser objeto del principio de
oportunidad son aquellos que tengan como marco legal entre 2 a 4 años de PPL
salvo que se trate de funcionarios públicos. Sin embargo, ¿que pasa si se trata
de un delito conminado con una sanción no superior a 4 años de PPL, pero que
aplicándole las circunstancias generales de atenuación y especialmente
valoradas señaladas en el literal c, resulta que la pena a imponerse es
inferior al mínimo legal, aunque este sea superior a 2 años de PPL?. En ese
caso, se podría argumentar que es posible aplicar el principio de oportunidad
al amparo del literal a pero no sería posible según el literal b, por tanto
habría una contradicción.
En
lo referente a la regulación actual del principio de oportunidad, cabe
mencionar que mediante el artículo 3 de la Ley Nº 28117 "Ley de Celeridad
y Eficacia Procesal Penal", se incorporó un párrafo al artículo 2 del
Código Procesal Penal, facultando la aplicación de un acuerdo reparatorio en
los procesos por comisión de delitos de lesiones leves, hurto simple y
apropiación ilícita de los artículos 122, 185 y 190 del Código Penal y en los
delitos culposos, en los que no haya pluralidad de víctimas o concurso con otro
delito.
La
aplicación de los acuerdos reparatorios ha sido reconocida en la legislación
comparada como el artículo 241 del Código Procesal Penal de Chile y el artículo
40 del Código Orgánico Procesal Penal que estipulan el acuerdo reparatorio como
una forma de compensar a la víctima por el daño ocasionado. Asimismo, en
Venezuela, los acuerdos reparatorios constituyen un acuerdo entre víctima e
imputado otorgando al Fiscal facultades de conciliador. Sin embargo, estos
acuerdos tienen un alcance limitado ya que son acuerdos voluntarios entre
víctima e imputado. Ejemplo: prestación de servicios a la comunidad.
Estos
acuerdos voluntarios, implican a nuestro parecer una forma de reparación no
sólo pecuniaria para la víctima del delito, medida que sin embargo sólo podrá
ser aplicada en delitos de mínima lesividad o dañosidad social y en aquellos en
los que la acción penal sólo pueda iniciarse a pedido de parte, es decir sobre
bienes jurídicos disponibles. Sobre este tema, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en su sentencia del 14 de marzo de 2001 sobre el caso Barrios
Altos marcó un precedente al establecer como reparación a las víctimas, medidas
no sólo de carácter pecuniario sino también: "la adopción de medidas para
garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las
infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como
compensación por los daños ocasionados".
En
relación a este tema, recientemente se emitió en el distrito judicial de Huaura
la primera sentencia aplicando el nuevo Código Procesal Penal, en virtud de
este cuerpo normativo, bastó una sola audiencia de apenas 90 minutos, para que
el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Huaura dicte sentencia
contra el inculpado a cuatro años de prisión efectiva, por delito contra el
patrimonio en la modalidad de robo agravado. Para la pronta culminación de este
proceso, se llegó a un acuerdo, en el que incluso llegó a participar el
agraviado, se acordó imponer al acusado la pena de cuatro años de prisión
suspendida por el período de prueba de tres años, más el pago de una reparación
civil de 500 nuevo soles y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.
Por
último, en el artículo 2 numeral 6 del NCPP se establece la procedencia del
acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos
122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205,
215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya
pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en
este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos
disponibles.
4.3
La Terminación Anticipada en el Nuevo Código Procesal Penal
4.3.1.
Definición y antecedentes
La
Terminación Anticipada implica un procedimiento especial, que se rige por sus
propias disposiciones y las concurrentes de la ley procesal penal ordinaria.
Aparece como un mecanismo de simplificación del procedimiento, acorde con las
nuevas corrientes doctrinarias y legislativas contemporáneas. Se sustenta en el
llamado derecho procesal penal transaccional, que busca evitar un procedimiento
penal innecesario obteniendo el procesado un beneficio de reducción de la pena
mediante una fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el
Fiscal, con la aprobación necesaria del Juez.
El
proceso de terminación anticipada fue introducido en nuestro país por la ley
26320 para determinados delitos de tráfico de drogas y luego para la totalidad
de los delitos aduaneros tipificados en la ley 26421.
Según
el artículo 2 (primer párrafo) de la Ley 26320, el proceso de terminación
anticipada sólo era aplicable en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código
Penal.
En
el contexto en el que fue aprobada esta norma, se advierte que tuvo como
finalidad político criminal racionalizar la respuesta penal del Estado en los
supuestos de delitos de tráfico ilícito de drogas considerados de menor
afectación social. Esta reorientación de la lucha contra este tipo de
criminalidad parte pues de la idea de que la represión de los micro
comercializadores o de los agentes de menor entidad no justifica el despliegue
de todo el aparato jurisdiccional, que más bien debe estar dirigido a la
persecución de los principales agentes productores y cabecillas de las
organizaciones delictivas que por lo demás cuentan con los suficientes recursos
para poder burlar la acción de la justicia.
En
la legislación comparada, este procedimiento tiene como fuente los Códigos de
Procedimientos Penales italiano y colombiano.
En
efecto, el Código de Procedimiento Penal colombiano en su artículo 37
(modificado por Ley 365/97, art. 11) regula la conclusión anticipada en los
siguientes términos:
"Ejecutoriada
la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre
la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia
anticipada".
"También
se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación
y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública
el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos
allí formulados. En este caso la rebaja será hasta de una octava (1/8) parte de
la pena".
En
nuestra legislación, se exige la posibilidad de acuerdo entre el imputado y el
Fiscal sobre el delito y la pena. En este sentido, cabe la fórmula de consenso
sobre las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas del hecho punible, o
sobre la forma de participación en el mismo, o sobre el supuesto de tentativa.
Por ello y a fin de evitar que la diligencia de audiencia especial cumpla con
sus objetivos, es que también se posibilita la realización de acuerdos
preliminares.
4.3.2.
Terminación Anticipada versus Conclusión Anticipada
Es
importante señalar que, la terminación anticipada es diferente a la conclusión
anticipada regulada actualmente en la ley N° 28122 intitulada "Ley sobre
conclusión anticipada de la instrucción en procesos por delitos de lesiones,
hurto, robo y micro comercialización de droga, descubiertos en flagrancia con
prueba suficiente o imputados sometidos a confesión sincera", según su
articulado se refiere a dos tipos de situaciones. Así, los artículos 1 al 4 se
refieren a la "Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial" y el
artículo 5 a la "Conclusión del Debate Oral" por conformidad del
procesado con la acusación. La Conclusión Anticipada de la Instrucción
Judicial, es aplicable a los siguientes delitos: Lesiones (arts. 121-122 CP),
Hurto (arts. 185.186 CP), Robo (arts. 188-189 primera parte) y Micro
comercialización (art. 298 C.P).
Asimismo,
la Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial para su aplicación requiere
la concurrencia de los siguientes supuestos regulados en el artículo 1:
1.
Cuando el imputado hubiese sido descubierto en flagrancia, conforme a la
definición establecida en el artículo 4 de la Ley Nº 27934.
2.
Si las pruebas recogidas por la autoridad policial, siempre que en ellas haya
intervenido el Ministerio Público, o por el propio Ministerio Público,
presentadas con la denuncia fiscal, fueren suficientes para promover el
juzgamiento sin necesidad de otras diligencias.
3.
Si el imputado hubiese formulado confesión sincera ante el Juez conforme al
artículo 136 del Código de Procedimientos Penales.
Por
su parte la Conclusión Anticipada del Debate Oral está regulada en el artículo
5 de la ley y establece como reglas las siguientes:
La
Sala, después de instalada la audiencia, preguntará al acusado si acepta ser
autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la
reparación civil.
Si
se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al defensor si está
conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara la conclusión
anticipada del debate oral. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la
siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho (48) horas, bajo
sanción de nulidad.
Si
el defensor expresa su conformidad, pero condicionándola a la oralización de
algún medio probatorio, se atenderá el pedido así como se permitirá
argumentaciones y refutaciones sobre la pena o la reparación civil.
Seguidamente, se suspenderá la sesión para expedir sentencia, la que se dictará
ese mismo día, o en la sesión siguiente, que no podrá postergarse por más de
cuarenta y ocho (48) horas, bajo sanción de nulidad.
Si
son varios los acusados y solamente confiesa una parte de ellos, con respecto a
éstos, se aplicará el trámite previsto y se expedirá sentencia, prosiguiéndose
la audiencia con los no confesos, salvo que la Sala estime que se afectaría el
resultado del debate oral.
El
NCPP regula la Conclusión Anticipada en el Artículo 372 "Posición del
acusado y conclusión anticipada del juicio". Este artículo es similar en
su contenido al artículo 5 de la Ley 28122, requiere la conformidad del acusado
con la autoría o participación con el delito materia de acusación y la
reparación civil. Antes de expresar su conformidad el procesado puede consultar
con su abogado y también por su intermedio o directamente puede llegar a un
acuerdo con el Fiscal sobre la pena a imponerse. Esta posibilidad es permitida
en el marco de un nuevo sistema acusatorio y el Juez controla la legalidad del
acuerdo en cuanto a la pena y la reparación civil. En lo demás es semejante a
la regulación actual, será aplicable sólo para los acusados que la soliciten.
La
regulación de la terminación anticipada, conocida también como admisión de
culpabilidad del procesado, como expresión del principio de oportunidad está
comprendida en los arts. 468-471 y puede formularse antes de la acusación a
pedido del imputado o a iniciativa del Fiscal. Se requiere la presentación de
solicitud conjunta del fiscal y el imputado (opcional). Asimismo, el acuerdo
provisional sobre pena y reparación civil y demás consecuencias accesorias. El
Juez de la investigación preparatoria en este caso, en el marco de un proceso
acusatorio garantizará la legalidad del acuerdo propuesto.
La
terminación anticipada es un proceso simplificado porque permite, mediante la
negociación y transacción, que éste termine antes de la duración legalmente
prevista para el proceso penal.
Es
importante mencionar que, a quien se acoja al proceso de terminación anticipada
se le reconocerá como beneficio la reducción de la pena en una sexta parte.
Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión.
Como
se puede apreciar, el NCPP extiende el ámbito de aplicación de esta institución
procesal a todos los delitos, con lo que es posible contar con un eficaz
instrumento de celeridad procesal que al mismo tiempo permitirá alcanzar la
descongestión del sistema judicial.
5.-
LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
5.1
Plazo razonable en la detención
El
derecho al plazo razonable se encuentra estipulado en importantes instrumentos
internacionales sobre el tema como la Convención Americana de Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos
señalan que: "Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada en un plazo
razonable, sin dilaciones indebidas".
Este
derecho ha sido reconocido también como un derecho fundamental integrante del
derecho al debido proceso, en diversas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional, como por ejemplo la
HYPERLINK
"file:///E:\\Sent-Trib-Const\\0177-2002-HC.htm" \t "_blank"
Sentencia
del expediente 177-2002-HC/TC publicada el 16 de agosto de 2002, en la que el
Tribunal señala en su fundamento 4 que: al conocer un caso de hábeas corpus,
constató que un procesado estuvo detenido por más de treinta meses sin haber
sido sentenciado. A juicio del Tribunal, ello significó la vulneración del
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; reconocido en el artículo
9°, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por
el Artículo 7°, numeral 5, de la Convención Americana de Derechos Humanos".
Asimismo,
tenemos la Sentencia del expediente 309-2002-HC/TC, publicada el 16 de agosto
de 2002, en la cual como se indica en su fundamento 2: "El Tribunal
Constitucional, al conocer caso de hábeas corpus, consideró que a la persona
agraviada se le había vulnerado su derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable; pues estuvo detenido por más de quince meses, sin que el
correspondiente órgano jurisdiccional hubiese dictado auto de prórroga de su
detención. Para fundamentar su decisión el Tribunal señaló que el derecho a ser
juzgado en un plazo razonable se encuentra reconocido en el artículo 9°,
numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el
Artículo 7°, numeral 5, de la Convención Americana de Derechos Humanos."
En
ese sentido, en opinión de Asencio Mellado: "La prisión preventiva debe
siempre sujetarse a plazos máximos no mínimos, cuyo cumplimiento origine la
inmediata puesta en libertad, debiendo el Estado correr con los riesgos
derivados de un defectuoso funcionamiento de la justicia o de su falta de
diligencia en la investigación de los hechos".
Así,
para determinar el "plazo razonable" de duración de la prisión
preventiva, el Juez no debe ceñirse sólo a la norma, debe valorar simplemente
los aspectos procesales vinculados al imputado o debe realizar un análisis
normativo-valorativo.
Con
el objeto de precisar el plazo razonable, los ordenamientos jurídicos de
España, Alemania e Italia parten de la regla "rebus sic stantibus"
según la cual y de conformidad con el carácter provisional de todas las medidas
cautelares, la prisión provisional puede prolongarse en el tiempo únicamente si
subsisten todas y cada una de las circunstancias que fundamentaron la necesidad
de ordenarla. Desaparecido alguno de sus requisitos el encarcelamiento debe
cesar inmediatamente. Así, la fijación legal del plazo máximo de duración es
fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Desde
esta perspectiva, el Juez para determinar el "plazo razonable" de
prisión preventiva debe realizar un análisis normativo-valorativo ya que, lo
razonable no es el transcurso del plazo automáticamente, sino el enjuiciamiento
concreto sobre la procedencia o no de mantener la medida. Así, el Juez deberá
tener en cuenta que la medida impuesta cumpla sus fines de asegurar la
presencia del imputado en el proceso y el cumplimiento de la pena a imponerse.
Por
tanto si se desvanece el peligro procesal en aplicación del criterio de
razonabilidad, el Juez deberá dictar la libertad provisional porque ya no sería
razonable que el imputado siguiera en prisión y constituiría una violación de
su derecho a la libertad personal. Asimismo, si no existen los indicios
razonables sobre la responsabilidad del imputado en un ilícito penal debe ser
puesto en libertad, pues no sería razonable la prolongación de la medida
impuesta. Se debe tener en cuenta que, las medidas cautelares no son en ningún
caso penas que se imponen anticipadamente y aún atendiendo a su carácter
preventivo hace imposible realizar con el interno actividades resocializadoras
propias de una estancia en prisión, ya que le asiste la presunción de
inocencia.
Es
importante que, el Juez realice el análisis normativo-valorativo porque de lo
contrario se desnaturalizaría la medida cautelar trayendo consigo una situación
de inseguridad jurídica para los demás ciudadanos. La prisión preventiva es una
medida excepcional y su duración debe establecerse de acuerdo al caso concreto.
En
este sentido, la medida preventiva de la libertad no debe durar más del tiempo
que sea necesario para el logro de los objetivos de la investigación judicial,
debiendo ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser humano,
como lo establece los artículos 1 y 2 inciso 24 literal h de la Constitución
Política del Estado, que señala, que la limitación de la detención judicial
tiene como principales fundamentos el derecho de presunción de inocencia y el
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Así,
respecto al plazo razonable Florencio Mixán opina:
"Es
contrario a la exigencia de celeridad que el procedimiento tenga una duración
prolongada más de lo razonable; dilación que convierte al procedimiento en un
quehacer de plazo indefinido, pues el procedimiento penal significa una
limitación, en mayor o menor grado, del ejercicio de algunos derechos
fundamentales del procesado. De allí que el Estado asume el deber de tener que
resolver el caso con la debida celeridad. Es verdad que el Estado tiene la
potestad (el imperium) de someter a su súbdito a procedimiento penal; pero a la
vez el ejercicio de esa potestad le vincula al deber jurídico y moral de
resolver la situación jurídica del procesado en el plazo estrictamente
necesario para el caso."
"(.)
uno de los medios determinantes para la concreción del plazo razonable es la
realización de la actividad probatoria con la debida acuciosidad selectiva e
integral y en el menor tiempo posible".
Considerando,
el derecho al plazo razonable entre otros derechos fundamentales que deben
garantizarse a todos los procesados, el Decreto Legislativo N° 959, publicado
el 17 de agosto de 2004 introdujo importantes modificaciones al Código de
Procedimientos Penales de 1940, pues resultaba indispensable modificar la
legislación procesal penal vigente con la finalidad de adaptar determinadas
instituciones a las exigencias del NCPP a modo de facilitar la transición entre
ambos sistemas.
El
Decreto Legislativo N° 959 en reconocimiento del derecho al debido proceso
reconocido en el artículo 139 inciso 3 de nuestra Carta Magna así como en
diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos tiene como
objetivo garantizar la celeridad en el juicio oral, especialmente cuando se
trata de delitos complejos, consagrando el derecho de todo ciudadano a ser
juzgado sin dilaciones indebidas o a que su causa sea oída en un plazo
razonable o sin retraso. Este derecho no se identifica con el mero
incumplimiento de los plazos procesales sino que su vulneración se produce
siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional
sobre aquella obligación constitucional de resolver dentro de los plazos
previstos las pretensiones que se formulen. Una de las condiciones que
fundamenta la vulneración de este derecho es el indebido retraso, sin embargo,
para acreditar el mismo, debe tenerse en cuenta apreciando las diversas
circunstancias del caso como por ejemplo la complejidad del asunto o la causa.
Asimismo, introduce modificaciones respecto al desarrollo mismo del juicio oral
en el proceso penal.
Es
importante mencionar que, por primera vez el Código Procesal Penal en su
artículo I del Título Preliminar reconoce expresamente el derecho a ser juzgado
en un plazo razonable. Asimismo, la primera disposición final establece los
criterios que deberán ser tomados en cuenta por la jurisdicción para fijar el
plazo razonable en la duración de las medidas coercitivas como:
"a)la
subsistencia de los presupuestos materiales de la medida; b) la complejidad e
implicancias del proceso en orden al esclarecimiento de los hechos
investigados; c) la naturaleza y gravedad del delito imputado; d) la actividad
desarrollada por el órgano jurisdiccional; y, e) la conducta procesal del
imputado y el tiempo efectivo de privación de libertad."
Similares
criterios fueron establecidos por el Tribunal Constitucional en su sentencia de
fecha 23 de noviembre de 2004- exp. N.º 2915-2004-HC/TCL , en la que establece
tres criterios fundamentales: a)
Actuación de los órganos judiciales: "Prioridad y diligencia
debida", b) Complejidad del asunto
y c) La actividad procesal del detenido.
5.2.
La Acumulación de procesos como criterio de celeridad vinculado al cumplimiento
del plazo razonable
El
Decreto Legislativo N° 959 introduce la modificación al artículo 20 del Código
de Procedimientos Penales referido a la Acumulación de procesos.
La
modificación que se planteó al artículo 20 tuvo como base el artículo 51 del
Proyecto de Código Procesal Penal de noviembre de 2003 teniendo como fin
facilitar el juzgamiento, sobre todo en los procesos complejos en los que
existe pluralidad de imputados y en los que suele demandarse una amplia
actividad probatoria.
En
efecto, la estricta aplicación de las reglas de acumulación previstas en los
artículos 20 y 21 del Código de Procedimientos Penales, si bien permitía
orientar el proceso penal hacia un juzgamiento sistemático y uniforme de los
múltiples hechos y/o imputados, tales ventajas colisionaban con la realidad de
los procesos complejos en nuestro país. Así por ejemplo, el concurso de
múltiples imputados en los que algunos enfrentan hechos muy concretos, daba
lugar a que éstos últimos tuvieran que esperar al pleno juzgamiento de todos
los hechos atribuidos a los otros procesados, retrasándose indebidamente el
juzgamiento de hechos concretos que en ocasiones puede requerir una menor
actividad probatoria.
A
estas desventajas que derivan de la propia aplicación de las reglas de
acumulación, cabe sumar otras de diverso signo. Por ejemplo, el juzgamiento
conjunto de una gran cantidad de procesados, solía reproducir la posibilidad de
maniobras dilatorias cuando se perseguía la impunidad o sencillamente
dificultar la expedición de una sentencia definitiva para lograr la
excarcelación de uno o más procesados.
Cabe
señalar que, una de las razones que motivaron la dación del Decreto Legislativo
N° 959 respecto a la acumulación y/o separación de procesos fue la coyuntura
política del país luego de la caída del régimen de Fujimori-Montesinos. En
efecto, luego de culminado el gobierno anterior, el Poder Judicial recibió una
serie de denuncias por delitos contra la administración pública así como por
delitos contra la humanidad cometidos por funcionarios públicos que
involucraban a una gran cantidad de procesados en concurso de delitos, que
encuentran conexión al tratarse de una organización delictiva. Esta situación
dio lugar a la creación de un sistema anticorrupción y a la necesidad de
introducir modificaciones urgentes que contribuyeran directamente a la
celeridad de los procesos.
En
este sentido, los jueces que tramitaban procesos por delitos de corrupción o
lesa humanidad generalmente por criterios de conexión acumulaban procesos a fin
de evitar pronunciamientos contradictorios; sin embargo, en la práctica la
acumulación de procesos contribuyó en hacer más densa la investigación
judicial, generando mayor actividad procesal y dificultando con ello la
formación de los expedientes al aumentar el volumen, el seguimiento de las
actuaciones procesales y el debido control de los plazos, que en varios casos
tuvo como consecuencia que un proceso sumario durara hasta tres años. Así,
algunos juristas estaban convencidos que este obstáculo procesal sería superado
en parte si se permitía a los jueces optar por la separación de procesos.
Así
las cosas, la situación especial de un gran número de acusados libres
comprendidos en un mismo proceso con unos pocos acusados en cárcel, hacía
necesario que los jueces pudieran optar por la separación de los procesos
acumulados o de imputaciones o delitos conexos que requirieran de diligencias
especiales o plazos más dilatados para su sustanciación, salvo que se considere
que la unidad es necesaria para acreditar los hechos.
La
Acumulación procesal se encuentra prevista en el NCPP en los artículos 46 al
52. Se contempla la acumulación facultativa y obligatoria, esta última ocurre
en el supuesto del artículo 31 numeral 2 del mismo cuerpo de leyes, es decir
cuando existe conexión de procesos debido a que varias personas aparecen como
autores o partícipes del mismo hecho punible. En los demás casos es aplicable
la acumulación facultativa. Es importante señalar que, en el artículo 51 se
estipula la separación de procesos acumulados e imputaciones conexas, en aras
de lograr la celeridad en la tramitación de los procesos, permitiendo la
formación de cuadernos separados para simplificar el procedimiento y decidir
con prontitud, siempre que existan elementos suficientes para conocer con
independencia cada uno de los procesos desacumulados.
5.3.
Alcances sobre Detención Preventiva.
El
NCPP contiene una amplia regulación de las medidas de coerción, entre las que
encontramos tanto las medidas de coerción personal (detención, prisión
preventiva, incomunicación, comparecencia, detención domiciliaria, impedimento
de salida del país, etc.) como real, tales como la incautación, el
levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la interceptación
de las comunicaciones y documentos privados, medidas que actualmente en el
mejor de los casos, estaban reguladas en leyes especiales.
Las
medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional para asegurar los
fines del proceso penal; su duración está en función del peligro procesal, y
para concretarlas se puede recurrir al empleo de la fuerza pública, en forma
directa, como en los casos de detención, o en forma de apercibimiento.
Respecto
a los principios de aplicación de las medidas coercitivas, el artículo 253
establece que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los
tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser
restringidos, en el marco del proceso penal con las garantías previstas en la
ley. Así, la adopción de las medidas coercitivas requiere tomar en cuenta los
siguientes principios: Legalidad, Proporcionalidad, Prueba Suficiente,
Necesidad, Provisionalidad y Judicialidad.
En
esta línea de argumentación, y siendo numerosas las medidas de coerción
previstas en el NCPP vamos a referirnos a la detención preventiva como medida
de coerción personal. Así, estas medidas se imponen para prevenir los riesgos
de fuga, ocultamiento de bienes o insolvencia sobrevenida, impedir la
obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de
reiteración delictiva. En efecto, las medidas de coerción responden a una
finalidad cautelar para hacer posible tanto el enjuiciamiento penal como el
cumplimiento de la sentencia condenatoria que se dictare.
La
prisión preventiva, consiste en la total privación del imputado de su derecho
fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso a un centro
penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal. Sin embargo, no
debe atribuirse a la prisión preventiva la función de anticipar la pena, pues
ello implicaría el quebrantamiento de la presunción de inocencia.
El
NCPP a diferencia del Código Procesal Penal de 1991 añade como presupuesto
material para dictar mandato de prisión preventiva, la existencia de razonables
elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una
organización delictiva o su reintegración a la misma. Así también el cambio más
relevante que trae el Código en materia de prisión preventiva está constituido
por la obligatoria realización de una audiencia previa antes de decidir el
encarcelamiento de un imputado, en la que el Fiscal tenga que solicitar la
medida y la defensa, como el imputado, contradecirla.
Al
respecto, la legislación procesal penal española prevé la realización de una
audiencia previa a la adopción de una medida cautelar como la detención. Esta
medida es relevante pues, la audiencia previa permite en primer lugar el
contacto directo entre el acusado y el Juez, ya que a la realización de la
audiencia, debe comparecer necesariamente el Juez, imputado, Fiscal y abogado.
Asimismo, en esta etapa se permiten alegaciones de las partes, proposición de
prueba, práctica de la prueba, estos actos procesales permiten al Juez crear un
criterio de conciencia más acertado sobre la responsabilidad penal del
imputado, la cual no quedará determinada sólo en base a indicios razonables.
Por
otro lado, la audiencia cuya característica principal es la oralidad le permite
al imputado además del contacto directo con el Juez (inmediación) esgrimir las
razones por las cuales no le sería aplicable el presupuesto del peligro
procesal. Así, el Juez no dictaría una medida preventiva en base a presupuestos
abstractos que lo llevarían a concluir que existe peligro de fuga o de
entorpecimiento de pruebas en el caso concreto en base a criterios como
gravedad del delito, posesión de un pasaporte o situación económica o peligrosidad
del inculpado.
La
audiencia previa da como resultado el auto de prisión, el cual debe ser
debidamente motivado, y ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal así como
del querellante particular (si lo hubiere) y del procesado, el cual sino está
de acuerdo puede hacer uso de su derecho a pedir la palabra o de pedir por
escrito la reposición del auto. Si el auto no contiene estos elementos se
produce una grave indefensión del imputado, vulnerándose su derecho al proceso
con todas las garantías.
La
audiencia previa a la adopción de una medida cautelar resulta conveniente en
nuestro sistema porque contribuirá a evitar o disminuir el número de
detenciones arbitrarias, las cuales son dictadas muchas veces en base a la sola
imputación de un procesado como ocurrió en la década de los 90 en la que muchas
personas eran detenidas y procesadas en base a la sindicación de un inculpado
que se acogía a los beneficios de la ley de arrepentimiento y como ocurre
actualmente con quienes se han acogido a la ley de colaboración eficaz. Es de
destacar que, el solo dicho de otro inculpado no constituye prueba ni indicio
razonable que fundamente la vinculación del imputado con el hecho delictivo, el
cual es uno de los requisitos para imposición de una medida cautelar personal.
Por
su parte, la StPO alemana establece la posibilidad de dictar automáticamente
prisión provisional sin necesidad de que concurran los otros presupuestos
(peligro de fuga o de destrucción de pruebas) cuando se trate de determinados
delitos considerados graves. Sobre el particular, no estamos de acuerdo con
esta regulación porque los presupuestos propios de toda medida cautelar son el
"fumus boni iuris" y "periculum in mora". El primero de
ellos se refiere a la existencia de fundada sospecha de que el inculpado ha
tomado parte en el hecho delictivo que se investiga. Por su parte, el
"periculum in mora" viene determinado en el proceso penal por el
peligro de fuga o de ocultación personal o patrimonial del imputado.
Cabe
señalar que, la imposición de una medida cautelar en base únicamente a la
gravedad del delito trastoca la presunción de inocencia y es incompatible con
el fin de la medida preventiva que es asegurar la presencia del imputado y la
ejecución de la pena.
Por
otro lado, la gravedad del delito es a nuestro parecer un término demasiado
amplio y subjetivo porque cuáles serían los criterios objetivos para determinar
la gravedad del delito, el resultado, la pena privativa de libertad a
imponerse, la magnitud del daño causado o por causarse. Una norma de este tipo
implicaría la desnaturalización de la medida cautelar que resulta excepcional
en la medida que, constituye una vulneración al derecho a la libertad como
derecho fundamental. Por tanto, la gravedad del delito no justifica una medida
de coerción.
Cabe
mencionar que, el Tribunal Constitucional en jurisprudencia del 4 de enero
(Sentencia 010-2002-AI/TC) admite la reincidencia como causal de detención, y
más aún establece que para imponer la detención se debe tener en cuenta la
historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter
del acusado.
Esta
postura del Tribunal, no nos parece acertada porque evitar la reiteración del
delito, corresponde cumplir un fin de prevención especial que no le corresponde
a la prisión provisional como medida cautelar sino a la pena. La admisión de
esta finalidad implicaría dotar a la prisión provisional de una naturaleza de
medida de seguridad predelictual que vulnera el principio de presunción de
inocencia.
La
reincidencia como causal de detención conlleva un prejuicio en el juzgador de
"presuponer" la culpabilidad de quien en alguna oportunidad ha
delinquido, lo cual constituye un criterio subjetivo y parcial. En efecto, si
una persona fue condenada en el año 97 por robo y en el año 2002 es vinculada a
un delito de estafa, es dable que se le detenga en base a sus antecedentes
penales, ¿constituye un criterio suficiente?. Que pasaría si se tratara de un
caso de homonimia, ¿sería justo que se le detenga porque anteriormente
delinquió.
Por
otro lado, no queda del todo claro si la reincidencia está vinculada a la
comisión de delitos semejantes o sino importa la naturaleza del delito y solo
cuenta la historia personal.
Lo
señalado contradice abiertamente la presunción de inocencia del imputado que
sea considerado peligroso antes del juicio, reduciendo a la acusación pública a
funciones de defensa social y de policía de orden público, transformando el
mandato de detención en una suerte de medida de prevención contra quienes se
presume peligrosos y sospechosos.
No
obstante lo expuesto, mediante Ley Nº 28726 publicada el 9 de marzo en el
diario Oficial "El Peruano" se modificó el artículo 135 numeral 2 del
Código Procesal Penal incorporando la habitualidad del agente en el delito como
un criterio a considerar por el Juez al momento de dictar el mandato de
detención. La habitualidad se define según el artículo 46-C incorporado al
Código Penal por la Ley Nº 28726 como la comisión de un hecho doloso por parte
del agente siempre que se trate de al menos tres hechos punibles que se hayan
perpetrado en un lapso de cinco años. Asimismo, se considera la habitualidad
como circunstancia agravante.
Un
tema que merece especial interés y que a nuestro criterio debería ser regulado
con toda claridad y precisión sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas, es
el referido a los plazos de detención preventiva. Así, el numeral 3 del
artículo 264 establece que: "Al requerir el Fiscal en los casos señalados
en los incisos anteriores la prisión preventiva del imputado, la detención
preliminar se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de
cuarenta y ocho horas". A partir del párrafo señalado se puede observar
que existe un vacío respecto al plazo que media entre la detención preliminar y
la prisión preventiva, ya que se establece que la detención preliminar se
mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho
horas. Respecto a este tema es posible plantear los siguientes
cuestionamientos:
El
artículo 264 establece el plazo de detención procesal o preliminar de 24 horas
a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido o si
comunica al Juez. Asimismo, se establece que la detención preliminar podrá
durar hasta un plazo no mayor de 15 días naturales en los delitos de
terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
Del
artículo en mención, se puede inferir que el plazo para pasar de una detención
a otra es de 48 horas adicionales al plazo máximo establecido en el mismo
artículo.
Si
ese fuera el caso, habría una contradicción entre este artículo y el 266 que
establece que: "(.) vencido el plazo de la detención preliminar, el
Fiscal, salvo los delitos de terrorismo (.) pondrá al imputado a disposición
del Juez de la Investigación preparatoria (.)"
Esta
situación podría dar lugar a la interposición de procesos por hábeas corpus al
haberse vencido el plazo legal para la detención.
Se
debe establecer que el plazo de cuarenta y ocho horas debe contarse antes del
vencimiento del plazo inicialmente fijado.
Respecto
a la convalidación de la detención considero que existe una contradicción entre
el artículo 266 y el 264 que establece los plazos máximos de detención
preliminar. En efecto, como se observa de los párrafos 1 y 2 de dicho artículo
se estipula como plazo improrrogable 24 horas para la detención preliminar y 15
días para los delitos de terrorismo, tráfico de drogas y espionaje.
Sin
embargo, de la lectura del párrafo 1 del artículo 266 se podría entender que
existe una prórroga tácita y automática para los delitos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas, que dilataría la puesta a disposición de
los detenidos ante el Juez de la Investigación Preparatoria por los delitos
antes mencionados.
En
el mismo sentido, en el párrafo 3 del artículo 266 se estipula el plazo de la
detención convalidada en 7 días naturales. Respecto a ello, considero que
existe una contradicción con el párrafo 1 del mismo artículo, por lo siguiente:
El
plazo de detención preliminar estipulado en el artículo 264 es único y sólo
vencido dicho plazo el Fiscal pondrá al detenido a disposición del Juez de la
Investigación Preparatoria, requiriendo auto de convalidación de dicha
detención.
El
párrafo 3 del artículo 266 estipula un plazo adicional de 7 días naturales,
como plazo de detención convalidada, de lo cual se puede inferir que existen 3
clases de detención: Detención Preliminar o Policial, Detención Convalidada y
Prisión Preventiva.
El
párrafo 3 del mismo artículo estipula que vencido el plazo de la detención
convalidada se pondrá al detenido a disposición del Juez de la Investigación
Preparatoria. Al respecto, surge la siguiente interrogante: Si terminado el
plazo de la detención preliminar, se pone al detenido a disposición del Juez de
la Investigación Preparatoria, entonces ¿porque se estipula que el detenido al
vencimiento del plazo de la detención convalidada debe ser puesto a disposición
del Juez de la Investigación Preparatoria?. ¿No se supone que ya estaba a su
disposición?.
La
autora considera que, es una contradicción que exista una detención convalidada
que de lugar a una puesta a disposición del detenido al Juez de la
Investigación Preparatoria, cuando se supone que al terminar la detención
preliminar ya había sido puesto a disposición del mismo, en todo caso una vez
convalidada la detención y emitido el auto correspondiente, el Juez tendría que
dictar de inmediato el mandato de prisión preventiva o comparecencia de ser el
caso pues el plazo de la detención preliminar es suficiente para determinar si
concurren o no los requisitos para dictar la prisión preventiva.
En
lo referente a la duración de la detención preventiva, consideramos que existe
un vacío al estipular que la prisión preventiva no durará más de 9 meses en el
primer caso y en procesos complejos 18 meses pues, el plazo establecido en este
artículo constituye el plazo máximo para la realización de las diligencias
tendientes a determinar la responsabilidad penal del detenido y no un plazo
único. En efecto, tal como se encuentra actualmente redactado el artículo 272
se podría entender que tanto los 9 como los 18 meses constituyen plazos únicos
para la detención preventiva, es decir que siempre van a durar o tienen que
durar 9 ó 18 meses de ser el caso, pues así lo ha venido determinando la
práctica judicial.
Por
ello, creo que se debería estipular que la prisión preventiva durará hasta 9
meses o hasta 18 meses.
De
igual manera, existe un vacío en el artículo 274 toda vez que, debería
establecerse el término de 3 días antes del vencimiento del plazo de la prisión
preventiva para solicitar la prorroga correspondiente, pues de lo contrario se
excedería el plazo de detención establecido en el artículo 272. En efecto, pues
si el Fiscal solicita la prorroga el último día del vencimiento del plazo
sumado al plazo de 72 horas (3 días) que el Juez tiene para resolver se
excedería en este término. En ese sentido, considero que atendiendo al
principio de celeridad y a fin de no lesionar aún más el derecho de libertad
individual del procesado, el Juez debería resolver la prolongación de la
prisión preventiva en el mismo acto o a más tardar al día siguiente de su
realización bajo responsabilidad.
Por
su parte, el artículo 271 establece como plazo para la realización de la
audiencia que determina la procedencia de la prisión preventiva, 48 horas
después del requerimiento del Ministerio Público. Sin embargo, el artículo 274
establece un plazo de 3 días después del requerimiento del Ministerio Público
para la prolongación de la prisión preventiva, creo que existe una
contradicción entre ambos artículos al estipular plazos distintos, debería
considerarse el mismo plazo para ambas actuaciones procesales.
TEORÍA
Y DOCTRINA COMPARADA:
Experiencias
en materia procesal penal en Latinoamérica:
Chile
y Argentina
Es
obvio que, como cualquier tipo de conocimiento, éste se nutre de experiencias.
Debemos decir, que en materia procesal, la codificación latinoamericana tiende
a adoptar características similares, ello por la similitud de los problemas
sociales de nuestros países que hacen necesaria la implementación de políticas
publicas cada vez más homogéneas en lo relacionado a la administración de
justicia. Por ello en materia procesal penal resultan interesantes - como
referencia - las codificaciones procesales de Chile y de Argentina.
En
Chile, mediante Ley N° 19.696 publicada en el Diario Oficial con fecha 12 de
Octubre del 2000 entró en vigencia el Código Procesal Penal, el que consta de
485 artículos y un artículo transitorio. Resulta interesante señalar que el
Código en el país vecino, entró en vigencia de manera progresiva, criterio
similar al adoptado por el legislador peruano del 2004 (ver el literal 1 de la
Primera Disposición Final del Código Procesal Penal).
Entre
las fuentes directas del Código Procesal Chileno se resalta, al Código Procesal
Peruano de 1991, dándoles la razón a algunos en nuestro país, que el Código
Procesal Penal Peruano de dicho año no entró en vigencia por ausencia de
voluntad del Poder Ejecutivo. Esta norma procesal divide al proceso en tres
fases: de instrucción, intermedia y de juzgamiento, bajo los principios de
publicidad y oralidad. La instrucción se encuentra a cargo del Ministerio
Público con la participación de un Juez de control de la instrucción (Juez de
Garantía) quien vela por la legalidad de esta fase.
Luego
continua la fase intermedia donde se prepara el Juicio oral también a cargo del
Juez de Garantía mediante una audiencia de preparación de juicio oral, al final
de esta se dicta el auto de apertura de juicio oral el que se hace llegar al
tribunal que llevará adelante el Juicio. Ello es en síntesis el desarrollo del
proceso ordinario existiendo otros denominados especiales y de ejecución que en
suma propenden a una administración de Justicia más efectiva. Como
características mas importante del proceso, están, la igualdad de armas, la
libertad de prueba y la libre valoración de la misma por el Juez.
En
el caso de Argentina, con un esquema distinto, son de relevancia el Código
Procesal Penal de la Nación Argentina de 1992 y el Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdova del mismo año. El primero, sancionado por Ley 23.984 que
fuera publicado en el Boletín Oficial con fecha 09 de Setiembre del 2001 -
entro en vigencia en el año 1992 -, si bien mantiene el esquema del "Juez
de Instrucción" concede al fiscal la potestad de realizar "actos de
investigación" como lo señalan los artículos 196 y 212 del citado código,
resaltándose la denominada "Instrucción Sumaria" (artículo 353
incorporada por Ley 24.826) para los casos de que una persona haya sido
sorprendida en flagrancia, donde la investigación queda a cargo solo del
Fiscal.
Se
contempla la detención del imputado por particulares – similar al precisado en
nuestro código procesal penal. Al final de la etapa intermedia el Juez dicta el
auto de elevación a juicio (separación entre Juez de investigación y juez de
fallo), que tiene como característica la oralidad de los debates y la fijación
de costas en caso de sentencia. El segundo - Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdova –, sancionado por Ley 8.123 publicada en el Boletín
Oficial con fecha 16 de Enero de 1992, representa un avance en el pensamiento
del legislador argentino cada vez mas decidido a abandonar el sistema
inquisitivo, introduciendo el denominado "Fiscal de Instrucción"
quien dirige la investigación practicando los actos inherentes a ella. Se
contempla como etapa del proceso la denominada "Investigación
Preparatoria" - también adoptada por el legislador peruano del 2004 - a
cargo del Fiscal, reservándose – todavía - para el Juez, la instrucción de
aquellos que gozan de los denominados "Privilegios constitucionales"
como el Beneficio de Antejuicio. Esta norma también contempla la facultad del
Juez de dictar el auto llamando a Juicio, juicio a cargo de las Salas
Unipersonales o la Cámara en Colegio (similar a los Tribunales peruanos),
estableciéndose así la división entre el Juez de la Investigación de los Jueces
a cargo del Juicio. También contempla la figura de los Jurados en su artículo
369, cuando la pena supere los 15 años. Este código en verdad, ha sido un
referente para las codificaciones procesales de varios países latinoamericanos.
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