En el primer debate presidencial de este
año en Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton señaló, con referencia a los problemas del sistema
penal en dicho país, que “no podemos limitarnos a decir ´ley y orden´. Tenemos
que presentar un plan”. Lo hizo frente a las destempladas afirmaciones de su
contendor, quien nos hizo recordar a muchos políticos locales que también
recurren al discurso firme y “encabritado” de la seguridad, pero a la hora de
tomar acción no tienen idea de lo que ello significa o, lo que es peor,
instauran medidas “eficaces” que constituyen graves violaciones de los derechos
humanos y, finalmente, no solucionan el problema, sino que lo agravan.
Este tipo de políticos abundan hoy en el
Legislativo. Últimamente hemos visto a diversos personajes que le exigen al
Ejecutivo de turno que tome medidas “concretas e inmediatas para luchar contra
la inseguridad” y que “sea inflexible con la corrupción”, a lo que suelen
añadir opiniones autoritarias que entienden que la defensa de derechos
fundamentales en el proceso penal es un “obstáculo” para acabar con el crimen.
Y lo más penoso es que algunos son abogados.
Afortunadamente, tenemos la impresión de
que la nueva gestión gubernamental tendría una voluntad y disposición
distintas. Al menos eso parece leerse de la solicitud de facultades remitida al
Legislativo mediante oficio número 182-2016-PR. Si bien se trata de un
documento muy general, que deberá ser debatido en los próximos días, podemos
extraer de él la visión general del Ejecutivo en materia de lucha contra la
seguridad ciudadana, la cual no se limita al campo de la legislación penal. Y
ello hay que resaltarlo.
Según el aludido oficio, el Ejecutivo se
propone “formular una política pública de prevención social del delito”. En esa
línea entendemos que se sitúan sus propuestas para reformar el Sistema Nacional
Penitenciario (con lo que se podría reducir, a corto plazo, la criminalidad
desde la cárcel y, a mediano plazo, la reincidencia en el delito) y fortalecer
el Sistema de Prevención del Lavado de Activos (con lo que podría
obstaculizarse la actividad de grandes organizaciones criminales, al perturbar
sus caudales de dinero).
Así, el Ejecutivo al menos en papel- ha
manifestado su compromiso para combinar medidas eficaces de lucha contra el
crimen con una visión preventiva y garantista del sector interior. Sostiene,
por ejemplo, que se propone “adoptar medidas de prevención social de la
delincuencia y participación ciudadana” y “reestructurar el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial,
intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre
la Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales y Regionales”.
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